El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA apuesta por una fiscalización ambiental responsable que logre un adecuado equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental. No se quiere una fiscalización que signifique un sobrecosto para las empresas, que desincentive la inversión o que afecte la competitividad económica; como tampoco una fiscalización débil o tímida que aliente el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Se busca una fiscalización eficiente, efectiva y razonable; que privilegie la prevención y la corrección de las conductas; y que, al mismo tiempo, sea firme y auténticamente disuasiva con las infracciones que afecten gravemente la vida o salud de las personas. Se multa cuando hay que multar, sin arbitrariedad.

Para promover una mayor predicitibilidad, el OEFA ha aprobado una metodología de cálculo de multas que explica —sobre la base de criterios técnicos y objetivos— el razonamiento que utiliza para graduar las sanciones. Esta metodología está diseñada para que una empresa fiscalizada pueda saber, antes de cometer una infracción, a cuánto ascendería la multa que se le impondría, si la cometiera. Asimismo, se han elaborado lineamientos para el dictado de medidas correctivas que buscan revertir los efectos de la conducta infractora, con énfasis en la restauración y la compensación ambiental.

El OEFA está comprometido con una gestión pública caracterizada por la transparencia y la participación ciudadana. Un ejemplo ha sido el proceso de aprobación de las normas que, en complemento de lo establecido en la ley, desarrollan los subtipos infractores y establecen las sanciones por incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles y de los Instrumentos de Gestión Ambiental. Los proyectos normativos fueron prepublicados, el sector privado presentó comentarios, hubo reuniones y se recogieron importantes aportes.

La supervisión directa a las empresas, los tipos infractores, la escala de sanciones y el procedimiento sancionador se enmarcan en los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad. Esta labor normativa no ha terminado, toca ahora afianzar lo iniciado, orientar más a las empresas, fortalecer la prevención y guiar la fiscalización más hacia la subsanación y remediación que a lo meramente punitivo. El objetivo es común a todos: vivir en un ambiente sano.